Un total de 173 menores infractores con problemas de convivencia en el ámbito familiar o educativo han sido atendidos desde su creación en 2003 en el grupo educativo para la reinserción y socialización con el que cuenta la Junta de Andalucía en Jaén. En concreto, se trata de la casa residencia “Miguel Magone”, que gestiona la Fundación Proyecto Don Bosco y que dispone de ocho plazas, actualmente ocupadas por menores procedentes de los juzgados de Menores de toda Andalucía.
“A través de este recurso de medio abierto, se cumple el dictamen judicial por el que el menor debe convivir con el grupo educativo y fuera de su ambiente familiar, proporcionándole un contexto de seguridad, protección y afecto que potencie su autonomía personal, funcional, social y laboral”, ha detallado la delegada del Gobierno, Purificación GálvezLa metodología se basa en una atención global, intensa e individualizada dentro de un contexto social estructurado y normalizado, buscando soluciones a las carencias o excesos que tanto desde el punto de vista psicológico como de su conducta han llevado al menor ante el juez. “El objetivo es proporcionarle un entorno socioeducativo en el que pueda desarrollar sus aptitudes y habilidades que faciliten su adaptación y reinserción a la sociedad. Todo ello, en un contexto familiar de convivencia tanto en la casa como con relación a su familia, con la que se trabaja un proceso de readaptación mutua progresiva”, ha señalado Gálvez, que ha valorado los buenos resultados de esta medida, “muy demandada por las fiscalías de Menores de toda Andalucía”. “Los índices de no reincidencia se sitúan en torno al 80%”, ha subrayado la delegada.
El organigrama de la casa residencia “Miguel Magone” está compuesto por un conjunto de expertos psicólogos y educadores, concretamente un director, un psicólogo, un trabajador social, siete educadora y una “madre educadora”. Además de las actividades que se desarrollan en el recurso (talleres educativos, convivencia reglada, seguimiento permanente de toda índole, etcétera), los menores llevan a cabo su vida cotidiana integrados en la comunidad, en sus centros de estudios o de formación y empleo, siempre con la supervisión de sus educadores, del personal de la Delegación del Gobierno y el juzgado y la fiscalía de Menores, a los que se les envía informes de seguimiento y de incidencias.
A lo largo de estos 10 años de andadura, la mayoría de los menores ha continuado sus estudios tras la finalización de la medida judicial; un total de 32 han obtenido alguna titulación formativa reglada durante la misma y otros diez se han beneficiado de prácticas en empresas.
Compartir en