El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha rechazado la pretensión del Ministerio de Justicia de privatizar los registros civiles y ha defendido el carácter público y gratuito de este servicio. En su visita hoy a la localidad jiennense de Baeza, donde ha mantenido una reunión con su alcalde, Leocadio Marín, el consejero ha puesto de relieve que “los servicios que prestan los registros civiles son públicos y deben seguir siendo públicos y no convertirlos en un negocio”
De Llera ha asegurado que los registros civiles ofrecen unos servicios que deben ser públicos y gratuitos como los certificados de nacimiento o defunción y otros trámites frecuentes que afectan a toda la ciudadanía. El consejero no comparte la iniciativa del Gobierno estatal de poner en manos de los registradores de la propiedad la gestión de los registros “porque eso supone su privatización y tener que pagar por la realización de los trámites, lo que perjudicaría claramente a la ciudadanía”.
De Llera ha criticado la pretensión privatizadora del Gobierno del Estado, como el reciente intento fallido con la sanidad en la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo que ha censurado el afán de querer hacer negocio con los público con el pretexto de mejorar los servicios.
Asimismo, el titular andaluz de Justicia e Interior ha abogado por potenciar la informatización y centralización de los registros civiles, como así se recogía en la ley estatal aprobada en 2011, en la que se fomentaba la realización de trámites y consultas de los usuarios por medios telemáticos.
Mantener la cercanía de la Justicia
De Llera ha visitado Baeza para mantener una reunión con su primer edil, Leocadio Marín, con el que ha abordado la situación de los jugados de este municipio jiennense. El consejero ha trasladado al alcalde baezano la apuesta de la Junta por mantener las sedes judiciales en los pueblos y su oposición a centralizar todos los servicios en la capital porque, a su juicio, “la Justicia tiene que estar cerca de la ciudadanía a la que sirve”.
En este sentido, ha subrayado que la Justicia es un servicio públio esencial, como lo es también la educación y la sanidad, por lo que se ha de preservar el principio de proximidad para no alejar la Justicia de la ciudadanía. En su opinión, “suprimir los partidos judiciales es inadmisible porque sería como cerrar todos los hospitales comarcales, centros de salud, colegios o institutos y obligar a la ciudadanía a acudir a la capital para la prestación de estos servicios”.
Por último, De Llera se ha mostrado partidario de la implantación de los tribunales de instancia provinciales para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia “pero siempre que se mantengan sedes próximas a la ciudadanía para evitar un alejamiento de este servicio”, ha señalado.
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