El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado hoy en el Parlamento los grandes beneficios que supondrá la próxima implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal en la Administración de Justicia en Andalucía y ha puesto de relieve el amplio respaldo a esta iniciativa por parte de los operadores jurídicos y las principales organizaciones sindicales.
En su comparecencia en la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior, De Llera ha puesto de manifiesto la “excelente acogida” que ha tenido entre la mayoría de los profesionales de la Justicia el Decreto aprobado el pasado mes de enero por el Gobierno andaluz para impulsar este nuevo modelo de organización judicial que agilizará y mejorará el funcionamiento de este servicio público.
El consejero ha apostado por el “diálogo y el acuerdo” para impulsar a partir de ahora el desarrollo de este proyecto y negociar las órdenes y la relación de puestos de trabajo para su implantación, al tiempo que ha explicado que “el decreto aprobado sólo establecía un marco legal amparado en el cumplimiento de una ley estatal que no obligaba a la negociación”.
De Llera ha asegurado que la nueva Oficina Judicial empezará a desarrollarse durante este año como primera experiencia en los juzgados del municipio almeriense de El Ejido y en los de Vélez Málaga, mientras que el proyecto piloto de la Oficina Fiscal se desplegará en la Fiscalía de Sevilla. Además, ha anunciado que el proyecto “se irá implantando de forma progresiva y conforme se vayan a aprobando las relaciones de puestos de trabajo, que estarán supeditas a las posibilidades técnicas, organizativas y presupuestarias”.
La Consejería de Justicia e Interior prevé comenzar con su implantación en los partidos judiciales más pequeños y sin separación de jurisdicciones, además de contar con servicios comunes en funcionamiento y edificios ya adaptados a esta nueva organización, como ocurre con las sedes que acogerán los proyectos piloto. En una segunda fase el proyecto se extenderá a los partidos judiciales con separación de jurisdicciones para culminar su implantación final en los partidos judiciales de mayor tamaño y que cuentan con salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según ha expuesto el consejero.
Esfuerzo previo en servicios comunes y nuevas tecnologías
El responsable andaluz de Justicia e Interior ha resaltado también el trabajo realizado por la Junta en los últimos años y se ha referido a la valiosa experiencia previa que ha supuesto la puesta en marcha de 45 servicios comunes de partido judicial y 7 servicios de notificaciones y embargos. Asimismo, ha valorado el esfuerzo previo que se viene realizando en el desarrollo de sistemas informáticos y nuevas tecnologías y que, a su juicio, “va a facilitar ahora la implantación del nuevo modelo, así como las mejoras realizadas también en los últimos años en infraestructuras judiciales que permiten ahora que muchos edificios estén ya plenamente adaptados a la nueva oficina judicial y fiscal”.
En este sentido, ha precisado que la implantación de este proyecto “no debe contemplarse como una medida que conlleve aumento del gasto, al contrario, conforme se vaya poniendo en marcha irá suponiendo mejoras económicas gracias la racionalización de los recursos existentes”. Para facilitar el proceso de cambio al nuevo modelo organizativo, la Consejería de Justicia e Interior tiene previsto aportar un equipo de refuerzo temporal de hasta 4 funcionarios a las oficinas donde se implantará para contribuir de esta forma a la adaptación al nuevo sistema de trabajo.
El titular de Justicia e Interior ha mostrado su plena confianza en este proyecto y su convencimiento en los buenos resultados que generará su implantación, “ya que será una palanca estratégica para, junto al desarrollo de las nuevas tecnologías, avanzar en la modernización de este servicio público y contar con una verdadera Justicia del siglo XXI”, ha sentenciado.
El nuevo modelo organizativo romperá con la configuración clásica de los juzgados -juez, secretario judicial y personal de cada órgano- e impulsará una organización de medios personales y materiales más eficiente y racional que redundará en la calidad de este servicio. En su intervención parlamentario, De Llera ha explicado que esta nueva estructura judicial reducirá los tiempos de respuesta y permitirá una mejor distribución de las tareas entre los funcionarios judiciales, fomentado el trabajo en equipo y la especialización del personal. A su juicio, “este nuevo modelo supondrá un cambio cultural en los modos del trabajo de la Administración de Justicia y un importante impulso para su agilizar su funcionamiento y avanzar en su modernización”.
En el nuevo modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.
Compartir en