El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha expuesto a los operadores jurídicos de Cádiz las mejoras y beneficios que supondrá la futura implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, cuyo decreto ha sido aprobado recientemente por el Gobierno andaluz y que comenzará a desarrollarse este año a través de diversos proyectos piloto.
El consejero ha mantenido hoy una reunión en la Audiencia Provincial de Cádiz con el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella, la Fiscal Jefa, Ángeles Ayuso, el Juez Decano, Pablo Sánchez, el secretario coordinador, Pedro J. Campoy, la directora del Instituto de Medicina Legal, Mercedes Rodríguez, el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, José Manuel Jareño, el diputado segundo del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, Manuel Ferrer, el decano del Colegio de Procuradores de Cádiz, Eduardo Sánchez y el decano del Colegio de Procuradores de Jerez, Ignacio Rodríguez-Piñero.
De Llera ha trasladado a los operadores jurídicos gaditanos la nueva organización y estructura de las Oficinas Judicial y Fiscal que permitirá mejorar y modernizar la Administración de Justicia en Andalucía, sustituyendo la configuración vigente hasta ahora –juez, secretario y personal adscrito a cada órgano– .
A su juicio, este proyecto impulsará un modelo más eficiente de medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo. Con ello se favorecerá una mejor distribución del trabajo en equipo y la especialización del personal, además de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.
El consejero ha explicado que en el modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.
En cuanto a la Oficina Fiscal, el decreto establece la posibilidad de crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.
El nuevo modelo organizativo contempla que el servicio común procesal general de la Oficina Judicial proporcionará a la Oficina Fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen. El consejero ha avanzado también que su departamento trabaja ya en el desarrollo de las órdenes que permitirán implantar cada uno de los servicios y fijar el número de funcionarios adscritos a las unidades previstas en el nuevo modelo.
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