El consejero de Justicia e Interior ha asegurado hoy en el Parlamento andaluz que su departamento espera el apoyo de los abogados andaluces para impulsar el nuevo convenio para la prestación de Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en la comunidad autónoma.
El consejero ha puesto de relieve que la Administración andaluza trabaja en la tramitación de un nuevo convenio con el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para la próxima reanudación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) con el objetivo de regular y garantizar la prestación de este apoyo jurídico a la población reclusa de Andalucía.
De Llera ha recordado a la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior que el borrador de este nuevo convenio tripartito, ya consensuado con la Secretaría de General de Instituciones Penitenciarias, ha sido trasladado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para su análisis y valoración. En este sentido, el consejero ha manifestado su confianza en cerrar próximamente un acuerdo tripartito entre Junta, Gobierno central y abogados andaluces para sacar adelante este convenio que permitirá el restablecimiento de este servicio.
La Consejería ha defendido siempre la necesidad de contar con el citado convenio a tres bandas que había estado vigente en los años anteriores con el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Abogados para conferir la garantía y el respaldo legal que exige la prestación de este servicio en los centros penitenciarios.
De Llera ha subrayado que la Consejería cumple así el compromiso adquirido en sede parlamentaria para seguir dando pasos y avanzando en las gestiones correspondientes a su ámbito competencial para restablecer este servicio en el marco de ese necesario convenio, un compromiso que se refleja en la partida económica que la Consejería tiene ya contemplada en los presupuestos de este año en previsión de la posible reanudación del mismo.
Implicación imprescindible
El titular de Justicia e Interior ha recordado en su intervención en la cámara autonómica que la asistencia jurídica penitenciaria no es justicia gratuita y que “toda persona privada de libertad que haya sido beneficiaria del derecho a la justicia gratuita ha tenido garantizado su derecho, aun estando suspendido este servicio”.
La Consejería ha considerado siempre imprescindible para la prestación de este servicio la implicación de los Colegios de Abogados e Instituciones Penitenciarias, como responsable y competente de las prisiones. La participación de Instituciones Penitencias es necesaria, según la Consejería, porque regula una serie de trámites indispensables que son competencia de este departamento del Ministerio Interior como son la certificación de las asistencias, el acceso al expediente disciplinario de los internos o el control de los horarios y días de prestación del citado servicio, así como el listado de los letrados que acceden al centro para ofrecer este servicio.
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