El consejero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la organización y funcionamiento de los puntos de encuentro familiar (PEF), con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que prestan por derivación judicial a los progenitores e hijos en situaciones de conflicto o problemas difíciles de convivencia.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha informado tras el Consejo de Gobierno sobre esta norma, que crea un marco único y homogéneo que incrementa la transparencia y mejora el cumplimiento de las resoluciones judiciales en este tipo de situaciones. Establece así el procedimiento de intervención de los puntos de encuentro, que se constituyen como un espacio idóneo y neutral para garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con sus progenitores o familiares que no dispongan de su custodia.
De acuerdo con el decreto, los puntos prestan un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar.El consejero ha asegurado que "con este decreto se da un paso cualitativo en la prestación de este servicio que es un valioso instrumento que contribuye a mejorar el bienestar social de muchas familias en Andalucía".
De Llera ha precisado además que estos dispositivos se activan "exclusivamente" mediante resolución judicial. La duración de esta intervención se limita a un período máximo de 18 meses, prorrogable mediante resolución del órgano judicial correspondiente. Además, los PEF ofrecen orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias mejoren sus relaciones y superen la situación de conflicto. En este sentido, ha valorado el consejero, los puntos forman parte de una "política social" que contribuye a "pacificar la vida ciudadana". A su juicio, "es un servicio que favorece el cumplimiento del derecho para los menores de edad a mantener relaciones con sus progenitores y familiares y que actúa siempre en la defensa del interés superior de estos menores".
El texto, elaborado por la Consejería de Justicia e Interior, regula las intervenciones de los profesionales en el régimen de visitas, tanto tuteladas (en las que estará presente al menos uno) como no tuteladas; la supervisión en la entrega y recogida de los menores y en su acompañamiento excepcional fuera de las dependencias, y la intervención específica en episodios de violencia de género. Para estos casos, que actualmente motivan casi un tercio de las actuaciones, se disponen medidas que evitan el contacto entre agresor y víctimas en los PEF. Además se fija un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas al inculpado o penado.
Reglamento interno
La norma también exige que los PEF dispongan de un reglamento de funcionamiento interno, que deberá ser aprobado por la Administración autonómica, y de un equipo técnico multidisciplinar compuesto por un mínimo de tres profesionales. Respecto al horario, permanecerán abiertos como mínimo los fines de semana y dos días laborables por la tarde, uno de ellos viernes, con el fin de facilitar la conciliación con la vida laboral y escolar. El decreto establece un plazo de tres meses para la adaptación a los nuevos requisitos.
La red de PEF de la Junta, con un presupuesto para este año de 987.227 euros, cuenta con sedes en todas las capitales de provincia y en las ciudades de Algeciras (Cádiz) y Marbella (Málaga).
Desde su creación en 2008, el servicio ha atendido a un total de 9.909 menores, en su mayoría menores de 10 años. Las estadísticas reflejan además un crecimiento constante en el número de menores atendidos, lo que pone de manifiesto el valor de este servicio y la confianza creciente que están depositando en él los jueces responsables de derivar a los menores, según el consejero.
Además, ha tramitado más de 7.910 expedientes relacionados con ellos y sus familiares, tareas para las que el Ejecutivo andaluz ha destinado más de seis millones de euros. De Llera ha señalado que las cifras de uso de este servicio ponen de manifiesto su calidad y la "confianza creciente" de los jueces en el mismo.
El 32% de los servicios prestados por los PEF están relacionados con órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia de género, que afectan directamente al 35% de los menores atendidos. Por modalidades, el 36% de las intervenciones corresponden a entregas y recogidas con pernocta, el 33% a visitas tuteladas, el 22% a entregas y recogidas sin pernocta y el 9% a visitas no tuteladas.
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