El secretario general para la Justicia, Pedro Izquierdo, ha profundizado en las competencias que la Junta de Andalucía tiene en materia de Administración de Justicia en el ciclo de conferencias sobre políticas públicas organizado por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP).
Respecto a la Administración de Justicia, el Tribunal Constitucional distingue dos planos diferenciados, uno, la jurisdicción que ejercen jueces, magistrados y magistradas, y otro, la Administración de la Administración de Justicia, concepto que define la principal función de la Secretaría General para la Justicia: la gestión de los medios personales y materiales que precisa la jurisdicción.
Izquierdo ha destacado su especial complejidad por la concurrencia de distintos poderes del Estado y otras Administraciones como consecuencia de la nueva organización territorial que instaura la Constitución, lo que requiere redoblar los esfuerzos de colaboración y cooperación a través de las respectivas Comisiones Mixtas.
La Secretaría General para la Justicia, señala Izquierdo, se estructura en una Coordinación General, y en las Direcciones Generales de Oficina Judicial y Fiscal, Justicia Juvenil y Cooperación, e Infraestructuras y Sistemas y tiene como retos inminentes garantizar el Estado de Derecho, mejorar los tiempos de respuesta, suplir el déficit presencial de la Administración en los Juzgados y Fiscalías y mejorar la percepción que de la Justicia tiene la ciudadanía.
El secretario general para la Justicia ha subrayado que el departamento que dirige tiene como objetivo fundamental acometer las reformas necesarias para la mejora del sistema judicial actuando sobre tres ejes fundamentales: las infraestructuras, los recursos tecnológicos y los recursos humanos. Respecto a las infraestructuras, Pedro Izquierdo ha apuntado que una Justicia atenta con la ciudadanía exige en primer lugar que las dependencias judiciales y fiscales reúnan las condiciones y servicios necesarios.
Dentro de las políticas de contención del gasto, durante los últimos años se ha tratado de incentivar, por un lado, el parque inmobiliario propiedad de la Junta de Andalucía, que cuenta ya con dos Ciudades de la Justicia en Málaga y Almería, eliminando progresivamente los arrendamientos, así como impulsar, por otro lado, la concentración de sedes judiciales en un único edificio o conjunto de edificios cercanos.
Esto ha tenido como consecuencia que entre el año 2010 y el año 2013 el importe de los arrendamientos de las sedes judiciales haya sufrido una disminución de casi cinco millones de euros al pasar de 20.2 millones durante el año 2010 a los 15.2 millones de euros en 2013.
En cuanto a los recursos tecnológicos, partiendo del sistema básico de gestión procesal ADRIANO, dos son los grandes objetivos que vienen presidiendo la planificación informática de los últimos años, la consecución de la interoperabilidad e interconexión de la información judicial, y la implantación progresiva del expediente digital judicial y del archivo electrónico.
Durante el año 2013, entre otras actuaciones, se han renovado 225 sistemas de grabación de vistas, 290 sistemas de alimentación ininterrumpida y se han adquirido e instalado 20 sistemas de videoconferencias, estando previsto durante este año una amplia renovación del equipamiento informático con la adquisición de más de 4.600 ordenadores y 500 equipos multifunción.
Además, ha entrado en funcionamiento el nuevo Portal Adriano para facilitar el acceso a la información judicial de la ciudadanía, y se ha continuado implantando la firma digital y el Sistema de Notificaciones Electrónicas (LEXNET), superando los 17.000.000 de notificaciones telemáticas. En la apuesta por la interconexión, se ha procedido a extender el Sistema de Consultas (EMAAT) a las 8 Audiencias Provinciales y a los Juzgados unipersonales de la jurisdicción penal, y a la implantación de otras aplicaciones, como el Sistema de Comunicaciones Seguras con los Centros Penitenciarios a través del Punto Neutro Judicial. Está asimismo previsto avanzar en la presentación telemática de demandas como primer paso al expediente digital.
En el ámbito de los recursos humanos, Izquierdo ha destacado la implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, proyecto prioritario de la Consejería, que responde a una necesidad legal y de gestión, que resulta aún más necesario por la actual situación presupuestaria que obliga mucho más a optimizar los recursos disponibles.
La Oficina Judicial rompe con la configuración clásica del Juzgado, y se define como la organización de carácter instrumental que de forma exclusiva presta soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, distinguiendo dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo, que asisten directamente a los jueces, magistrados y magistradas en el ejercicio de las funciones que les son propias, y servicios comunes procesales, aquellas unidades que, sin estar integradas en un órgano judicial concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.
El Juez podrá dedicarse exclusivamente a su función específica de impartir justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, correspondiendo las tareas de la gestión administrativa a unidades genéricas especializadas.
Pedro Izquierdo también se ha referido en su intervención a las distintas direcciones generales de la Consejería de Justicia e Interior integradas en su Secretaría. En la Dirección de Oficina Judicial y Fiscal, ha señalado, estamos trabajando en la implantación de un Sistema de Gestión Archivistica ( JARA), e impulsando los trabajos de la Junta de Expurgo para la eliminación de la documentación judicial sin interés histórico o judicial. En la actualidad se han descrito más de dos millones de procedimientos (2.350.584) y la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía lleva aprobado la eliminación de más de un millón de expedientes judiciales (1.274.521), de los que ya se han destruido físicamente 345.213 expedientes, estando prevista la eliminación de los otros 929.308 expedientes durante este año.
En Medicina Legal, señala Izquierdo, “estamos fomentando la comunicación y formación reciproca con el Servicio Andaluz Salud, y se ha finalizado la aplicación de intercambio de información en materia de drogas y adicciones a través de SIPASDA”.
En materia de Justicia Juvenil y Cooperación, el Consejo General del Poder Judicial ha distinguido a la Consejería con el Premio a la Calidad 2013 por la labor realizada en esta materia al hacer efectivo el cumplimiento de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Cerca de 9.000 menores cumplieron medidas judiciales durante el pasado año, 7.342 de medio abierto y 1.601 de internamiento. En materia de justicia gratuita, “seguimos apostando por garantizar la tutela judicial efectiva mediante el aseguramiento del acceso de todos los ciudadanos al servicio público de justicia con una asignación en el presupuesto de 38.600.000 euros”, ha apuntado el secretario general para la Justicia.
Para terminar, Pedro Izquierdo ha puesto el acento en la importancia de la mediación como alternativa a la resolución judicial, extendiendo esta fórmula a todos los campos posibles del mundo del derecho.
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